El Partido Popular de Córdoba ha denunciado que la oferta de plazas en escuelas infantiles públicas en nuestra provincia sigue siendo insuficiente, a pesar del incremento del 12% de las mismas que la Consejería de Educación ha llevado a cabo para el próximo curso escolar 2010-2011.
Así lo han denunciado la parlamentaria andaluza del PP cordobés, Rafaela Obrero, y la secretaria de Educación, Luisa Mª Arcas, quienes han recordado que en los últimos años la demanda generalizada de plazas de guardería en Andalucía y Córdoba ha sido una reivindicación constante del Partido Popular.
Las familias demandan mayor oferta, más equilibrio y más cercanía con sus domicilios o centros de trabajo que les permita compatibilizar la vida familiar y laboral, comenta Obrero, y continúa, la Junta de Andalucía ha venido prometiendo en los últimos años un aumento sustancial de la oferta de plazas de Educación Infantil de 0-3 años, sin embargo, esta promesa, evidentemente, tampoco se está cumpliendo ni en la cantidad necesaria ni con la celeridad que la situación requiere.
A día de hoy, 7 de cada 10 niños andaluces siguen atendidos directamente en el entorno familiar, y el resto, o bien acuden a los centros privados, concertados o a centros municipales. La gratuidad total solamente beneficia a 16.149 niños andaluces, una cifra ridícula.
Según el Tratado de Lisboa, en sus objetivos se establecían que la tasa de cobertura para alumnos menores de 3 años debe situarse en el año 2010 en el 33%. Según la legislación vigente en Andalucía, todos los niños de entre 16 semanas y 3 años tendrían derecho a una plaza en un centro de infantil de 0-3 años.
La realidad en la provincia de Córdoba es muy distinta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, nuestra provincia cuenta con 34.703 niños y niñas entre 0 y 3 años en este año 2010. Si la oferta de plazas para el próximo curso escolar es de 9.072 plazas, la cobertura está en un 26,14% con lo que aún estamos muy lejos de cumplir con los objetivos de Lisboa.

Córdoba tendría que haber alcanzado ya las 11.450 plazas, con lo cual las plazas ofertadas para el próximo curso escolar son totalmente insuficientes para la demanda de las familias, y lamentablemente volveremos a presenciar casos de niños que se quedan sin plaza de guardería, con los consiguientes problemas que esto supone para la conciliación de la vida laboral y familiar de sus padres, el acceso de la mujer al mundo laboral, etc., dice Rafaela Obrero.
En este sentido, la conciliación de la vida laboral y familiar es tarea imposible en el 42% de los municipios andaluces, ya que la Junta de Andalucía sigue sin ofertar una sola plaza de Educación Infantil de 0-3 años en 307 municipios de Andalucía, de los 769 existentes; y solamente un 15% de los municipios andaluces tienen la suerte de ofertar plazas en más de una guardería pública o concertada.
Por su parte, la secretaria de Educación del PP de Córdoba, Luisa Mª Arcas, ha recordado uno de los casos más significativos de guardería pública en la ciudad de Córdoba en la que además de la demanda de plazas de los padres, los problemas de las infraestructuras del centro reflejan la escasa importancia que la educación de los más pequeños tiene para la Delegación de Educación en Córdoba.
Es el caso de la Escuela Infantil Parque Figueroa de Córdoba, en la que la Consejería se comprometió con la construcción de un nuevo centro en unos terrenos anexos al actual y que a día de hoy, después de muchos años sigue sin ejecutarse.
Además, el Partido Popular se ha hecho eco en reiteradas ocasiones de las demandas de los padres de alumnos de esta guardería pública, la única en la ciudad de Córdoba de la Junta de Andalucía, en la todavía no hay aire acondicionado en el comedor escolar, continúa teniendo goteras, el patio sigue estando cerrado y lleno de jaramagos sin que los niños lo puedan usar, los toboganes no están homologados, etc. Todo esto a pesar de que los padres han reclamado el arreglo de todas esas deficiencias a la Delegada de Educación en varias ocasiones para que se adapten las infraestructuras del centro a la normativa vigente, sin que hayan obtenido respuesta alguna por su parte.

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