La Presidenta de la Mancomunidad del Guadiato, Josefa Soto (PP), ha dado a conocer que van a emprender acciones legales contras la Junta por el impago de 1,4 millones de euros, “ante el reiterado incumplimiento de pagos por parte de la Junta de Andalucía con la Mancomunidad Valle del Guadiato, la señora presidenta de la misma, doña Josefa Soto Murillo, se ha visto forzada a dictar un decreto solicitando a los Servicios Jurídicos de la Diputación de Córdoba que, representando a la Mancomunidad, se inicien acciones para interponer demanda de responsabilidad patrimonial contra la Junta de Andalucía en la vía civil y o contencioso-administrativa y exigir vía judicial el pago de 1,4 millones de euros , con los correspondientes intereses legales”, y añadió que la adopción de esta medida “no es fruto de un capricho o de un acto irreflexivo, sino, todo lo contrario, es la única acción que la Junta de Andalucía deja a la Mancomunidad Valle del Guadiato para preservar su continuidad, su dignidad y la de sus trabajadores y un ejercicio de responsabilidad política del actual Equipo de Gobierno, que se ve forzado a este acto de defensa de la integridad económica de una institución por cuya continuidad mantiene una apuesta decidida”.
Soto recordó que desde la primavera de 2014 se han venido realizando gestiones y peticiones a los diferentes departamentos del SAE y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, desde que ésta asumió las competencias relativas a la Formación Profesional para el Empleo y los Talleres de Empleo para que se agilicen los trámites administrativos en los departamentos de la Junta de Andalucía, sin éxito alguno.
La Presidenta de la Mancomunidad precisó que los motivos y argumentos ofrecidos por la Junta de Andalucía para justificar los retrasos, son las disfunciones derivadas de una nueva aplicación informática de gestión contable, “excusas que a juicio de esta Mancomunidad no resultan creíbles, toda vez que la propia normativa de gestión presupuestaria de la Comunidad Autónoma, permite alternativas legales que salven estos problemas técnicos del programa informático, máxime cuando, como en el caso de la Mancomunidad del Guadiato, se han justificado y auditado la totalidad de los gastos y programas cuyo cobro reclama”.
Soto recordó que han solicitado reuniones para que les aclaren las vausas delimpago, “con el fin de que se nos den explicaciones al respecto se han solicitado desde hace meses reuniones a la Presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz, al Secretario General de Empleo, don Antonio González Marín, a la Secretaria General de Formación para el Empleo, doña Guadalupe Fernández Rubio y al Director General de Formación para el Empleo, don Manuel Jesús García Martín, seguimos esperando respuesta, puesto que ninguno de los cuatro ha tenido a bien atender las peticiones formuladas, tampoco el recién cesado Delegado de Empleo de la Junta José Ignacio Expósito, ha cumplido las reiteradas promesas de solucionar el problema, que se había comprometido a que antes de finalizar el 2014, se habrían satisfecho gran parte de los programas adeudados, que, en su práctica totalidad dependían de su competencia”.
Soto indicó que entre otros perjuicios que sufren, estos impagos han impedido en el año actual acometer en la comarca el Programa Orienta, dedicado a fomentar la empleabilidad de trabajadores en paro, con las nefastas consecuencias que tal circunstancia tiene en unos municipios tan azotados por el desempleo como los que integran la Mancomunidad, “pese a esta falta de sensibilidad por parte de los responsables políticos de la Junta de Andalucía, la Mancomunidad del Guadiato ha realizado el máximo esfuerzo económico que le permite la ley, solicitando un préstamo bancario por importe de 175.000 euros con el fin de poder atender las obligaciones derivadas frente a alumnos y proveedores de dos Talleres de Empleo y de un programa de becas EPE, puesto que la normativa emitida por la Administración Andaluza exige a los beneficiarios de sus programas plazos de justificación y pago de dos meses desde la finalización de los mismos, con la amenaza de pérdida de la subvención si no se cumplen los mismos, pese a que ella puede mantenerse indefinidamente sin validar las justificaciones y sin pagar ni un céntimo de programas no sólo iniciados, sino, incluso terminados, algunos de ellos, incluso, desde el ejercicio presupuestario 2001, como sucede con cinco cursos de Formación Profesional para el Empleo, que venimos reclamando desde enero de 2014 y la respuesta que se nos da desde Sevilla es que los expedientes se encuentran depositados en unas cajas, esperando a que se destine personal suficiente para poder validar las justificaciones”.