La delegada del Gobierno, Rafaela Crespín se ha reunido con el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, Alberto Mayoral y representantes del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, para analizar la reforma universitaria planteada por el Gobierno de la nación.

Para la delegada del Gobierno, Andalucía tiene que ser dique de contención de una reforma injusta, ya que el llamado 3+2 - 3 años de grado más 2 años de máster- sube el precio de la carrera universitaria puesto que los máster son más caros que los grados y con ello, atenta contra la igualdad de oportunidades. Por tanto, continúa la delegada, devalúa el sistema público y perjudica a familias y estudiantes.

Rafi Crespín ha expuesto que el Consejo de Estado y la Conferencia de Rectores manifestaron en su momento que no es un buen momento para implantar este modelo y como las universidades pueden o no aplicarla de forma voluntaria, la presidenta de la Junta, Susana Díaz en una reunión con la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, abordaron la reforma universitaria del Gobierno central, en las que la Junta respaldó aplicar una moratoria en la puesta en marcha de la citada reforma.

Según ha explicado la delegada, la reforma planteada por el Gobierno, que permite la oferta de grados universitarios de tres años más dos de máster, ataca la igualdad de oportunidades del sistema educativo público, ya que los estudiantes de menos recursos pueden buscar refugio en esta opción quedándose en el grado, con una menor preparación y una mayor dificultad de acceso al mundo laboral.

Para la Junta de Andalucía, esta reforma rompe el principio de igualdad, nace sin consenso de la comunidad educativa y supone un nuevo recorte encubierto del gasto público al encarecer la factura universitaria de los estudiantes y disminuir la financiación pública. Además este sistema, encarece la posibilidad de completar la formación y el acceso a estudios de tercer ciclo, doctorado.

Según Rafi Crespín, la norma se ha aprobado sin contar con el consenso social y político necesario, como viene haciendo el Gobierno central en materia educativa y el cambio de modelo viene sin un cambio global de las políticas universitarias y sin consenso político y académico que lo sustente, con costes sociales, académicos, legales, administrativos y que puede tener una incidencia negativa en la plantillas de profesorado universitario.

Frente al modelo que propone el Gobierno central, Andalucía apuesta por trabajar estrechamente con las universidades para garantizar una política de consenso dentro del principio de igualdad de oportunidades.

Como ha explicado la delegada, Andalucía cuenta con las tasas universitarias más bajas de España en los grados, con un precio único para todas las ramas en el mínimo de la horquilla para evitar la exclusión del sistema por razones económicas.

También se ha bajado el precio de los másteres para asegurar el acceso a la educación superior de calidad. Por tanto, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios, apostando por un Distrito Único.

Como ha señalado la delegada, Andalucía cree en un sistema público de educación como garantía de futuro y motor de progreso social porque no podemos atentar contra nuestro sistema público de universidades como pretende el Gobierno de Mariano Rajoy, porque hoy más que nunca la igualdad de oportunidades en la formación es básica para afrontar los retos del futuro y ofrecer oportunidades de empleo e inserción laboral y social a todos y todas.

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